2 (leer en orden de publicación)

 

De manera que aquí el estado, la sociedad, se encuentra con una difícil papeleta para solucionar una situación familiar de desavenencia y conflicto conyugal. En vez de intervenir en la relación de pareja, intentando recuperar esa relación, cosa que necesita de un poco de mas atención y dedicación,  sobre todo de atenciones y actuaciones preventivas, opta por la cirugía, es decir por facilitar la separación, en este caso, liquidándose el ‘perro (la familia) se acaba la rabia’. Esto puede tener algún aspecto positivo, especialmente el de no colapsar y dar así mas fluidez  a los juzgados con esta avalancha de separaciones que se dan ahora, porque indagar en la razones que puedan hacer recomendable o no la separación, y en su caso, buscar la formulas de convivencia y reparto mas justas y equitativas que respete el derecho de todos los miembros de una familia, puede complicar demasiado un procedimiento legal y su posterior aplicación práctica. Y porque generalmente mantener la unión a ultranza supone ignorar los perjuicios y el sufrimiento de las partes más débiles. Así qué facilitar la separación, y si se quiere ser consecuente con las  funciones naturales de sus miembros, y en estos momentos, inclinados especialmente por una necesidad e interés protector en este contexto de violencia doméstica que hay en nuestra sociedad, tiene que ser alineándose con la parte físicamente más débil, y como parecen ser las últimas disposiciones legales, puede ser sin justificaciones ni explicaciones de ningún tipo, por ninguna de las partes, supongo que para evitar entrar en una dinámica de reproches y acusaciones sin fin que generalmente no llegan a aclarar nada y comprobar en la mayoría de casos que las dos partes tienen culpa a partes iguales, para finalizar generalmente tomando la misma medida, cuando se tienen hijos menores: Expulsar al hombre de su casa. Esto en principio puede aparentar una rápida y eficaz solución, en estos momentos en que los juzgados se colapsan por este tipo de demandas. Intervenir en una solución mediadora donde se preserven los derechos de todos, es muy complicado ya que hay que analizar en detalle e intervenir en la relación, en las razones y causas de las desavenencias, del conflicto y actuar en consecuencia, y eso es muy difícil cuando generalmente no hay voluntad reconciliadora, y no se es suficiente responsable de las consecuencias negativa que se producen. De manera que la cosa se presenta complicada, pero cuando hay gente claramente inocente, como nuestros hijos pequeños que salen muy seriamente perjudicados, creo que algo más, que aplicar una simple y radical medida de cirugía indiscriminada, de liquidación en derechos fundamentales, se puede hacer.

Lógico es pensar que el Estado, la sociedad, tiene que aportar las medidas necesarias que protejan nuestros derechos en éste y en cualquier ámbito. Y en ocasiones, cuando hay conflicto de derechos  hay que hacer la difícil elección de sacrificar unos derechos, por otros de mayor entidad, o sea, inclinarse por proteger aquel dercho que se considera mas importante o trascendente, y tener que desestimar ese mal menor que se produce como consecuencia, aunque sea claramente  injusto (o sea, cortar por lo ‘sano’ como ocurre con muchas cirugías) pero esto se hace necesario  cuando el problemas ha llegado al final de su recorrido, con su exteriorización y  manifestaciones mas graves, donde requiere medidas radicales y agresivas de cirugía. Es obvio que lo correcto es anticiparse atendiendo el problema al principio, en su origen donde su tratamiento no produce lesiones ni daño alguno. Las medidas preventivas, son mucho menos costosas  y  no son agresivas, la enfermedad en ese punto apenas tiene síntomas, pero son suficientes para decirnos de que se trata y cualquier tratamiento es de gran eficacia y no produce lesiones ni dolor.

Cuando se hace un planteamiento correcto del problema y se actúa en su momento no tiene por que salir nadie perjudicado, ni mucho menos tener que recurrir a usurpar derechos a nadie.   Pero cosa importante es conocer esos derechos, su relevancia y repercusiones, y establecer en consecuencia un correcto orden de prioridades que permita  compatibilizarlos en justa medida y armonía. Y el derecho de los más perjudicados en estos conflictos familiares, que suelen ser los hijos pequeños, a saber son: Ser atendidos en sus necesidades materiales y en su formación educativa: moral, ética y del conocimiento, y todo esto con un trato afectivo y digno. Bueno, aquí cabría también añadir, el derecho a tener una familia mínimamente constituida: Padre y madre en igualdad de condiciones y como un mismo principio de autoridad. La presencia de esa figura instituida y el referente de valores que ello implica para con los hijos. El problema está en que si este añadido último, este derecho es imprescindible o no, o si se puede prescindir de ese derecho natural a relacionarse los hijos con sus padres en igualdad de condiciones y con ese referente de unidad, en cumplimiento de otros, digamos más materiales o perentorios. ¿Es importante el orden en la prioridad en que se apliquen?

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